Control de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria - Portal Agrari
Control de la cadena alimentaria
La cadena Almentaria
Se define la Cadena Alimentaria como el conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios.
El sector alimentario está compuesto por los sectores productivos agrícola, ganadero, forestal y pesquero, así como los de transformación y distribución de sus productos.
Forman la cadena alimentaria los operadores, es decir, las personas físicas o jurídicas del sector alimentario, incluyendo agrupaciones, centrales o empresas conjuntas de compra o de venta, que realizan alguna actividad económica en el ámbito de la cadena alimentaria, con la excepción de los consumidores finales.
Las relaciones entre los distintos operadores o eslabones de la cadena alimentaria se plasman en contratos alimentarios, en los que una de las partes se obliga frente a la otra a la venta de productos agrícolas o alimentarios, y esta se obliga por un precio cierto, bien se trate de una compraventa o de un suministro de forma continuada.
La ley de cadena alimentaria
El día 3 de agosto de 2013 se publicó en el BOE la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Esta ley se formuló con el objetivo de establecer medidas de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria para para incrementar la eficacia y la competitividad del sector agroalimentario, reducir el desequilibrio y mejorar la transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes eslabones y procurar una competencia justa que beneficie al sector y a los consumidores.
La Ley 16/2021, de 14 de diciembre (BOE de 15 de diciembre) modificó la ley 12/2013.
En esta modificación, además de incorporar a normativa estatal la Directiva (UE) 2019/633, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, se recoge una reforma del marco regulatorio, con el objetivo de conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales de la cadena alimentaria.
Los principios rectores de la Ley son los siguientes: equilibrio y justa reciprocidad entre las partes, libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, cooperación, transparencia y respeto a la libre competencia en el mercado.
El control de la cadena alimentaria
La ley 12/2013 prevé un sistema de control para vigilar el cumplimiento de los dispuesto en ella y un régimen sancionador para castigar los incumplimientos.
Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 en sus respectivos territorios.
Legislación aplicable
- Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario
- Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
- Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación
- Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
- Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y se modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, aprobado por Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo
- Real Decreto 538/2015, de 26 de junio, por el que se regula la realización de estudios, informes y análisis comparativos sobre productos alimenticios
- Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, aprobado por Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Industria Alimentaria